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lunes, 8 de septiembre de 2014

Listado de Noticias Ambientales Internacionales 04/09/2014

LISTADO DE NOTICIAS SACADAS DE: HTTP://NOTICIAS-AMBIENTALES-INTERNACIONALES.BLOGSPOT.COM.ES/

Posted: 03 Sep 2014 04:51 AM PDT


Tripulantes de Sea Shepherd detenidos por defender una matanza brutal de ballenas

Fecha de Publicación
: 03/09/2014
Fuente: Portal diario4v.com
País/Región: Dinamarca


Catorce voluntarios fueron detenidos mientras entraban en el agua para defender a las ballenas de la brutal matanza masiva conocida como “grindadrap” o “grind.
Catorce voluntarios de la campaña para la defensa de las ballenas piloto "Operación GrindStop 2014” de Sea Shepherd han sido arrestados en la isla feroesa de Sandoy mientras entraban en el agua para defender a las ballenas de la brutal matanza masiva conocida como "grindadrap” o "grind”, situándose directamente entre una manada de 33 ballenas y sus asesinos.
A pesar de ser una nación miembro de la Unión Europea y sujeta a las leyes que prohíben la matanza de cetáceos, Dinamarca ha mostrado oficialmente su apoyo a los balleneros feroeses, y ahora su colaboración directa, enviando a la marina danesa para defender esta masacre masiva en las islas Feroe junto con la policía feroesa.
Sea Shepherd estaba presente inmediatamente con los equipos de tierra y los tripulantes de las lanchas rápidas sin embargo las embarcaciones habían conducido a la manada muy cerca de la orilla y quedaba poco tiempo para impedir la matanza.
Sea Shepherd ha confirmado que seis miembros de su equipo de tierra así como ocho tripulantes del equipo en los barcos han sido arrestados. Además, la marina danesa se ha incautado tres lanchas rápidas, Loki, Mike Galesi y B.S Sheen (patrocinada por el actor Charlie Sheen).
Entre los voluntarios de Sea Shepherd arrestados se encuentra Sergio Toribio, de España, que tuvo que soportar una violenta agresión en las islas Feroe la semana pasada. Sergio fue sacado de un coche cuando controlaba la presencia de las ballenas junto con su compañero voluntario de Sea Shepherd. Sergio recibió repetidos puñetazos en la cara y sufrió la fractura de un dedo. Sergio respondió de forma admirable, cubriéndose solo el rostro y sin mostrar violencia a cambio.
"Los balleneros feroeses han masacrado brutalmente a una manada entera de 33 calderones, varias generaciones arrebatadas al mar, y Dinamarca es cómplice de esta matanza,” decía el actor Charlie Sheen. "Estoy orgulloso de que una lancha que lleva mi nombre estuviera allí e hiciera todo lo posible por detener esta atrocidad.”
"La zódiac de 40 pies llamada "BS SHEEN” que doné a los incansables y heroicos esfuerzos del Sr. Watson ha sido confiscada de forma bochornosa. Este nivel de corrupción insidiosa y despiadada debe tratarse rápida y duramente,” añadía Sheen.
"Estoy profundamente orgulloso de los voluntarios de Sea Shepherd, quienes durante 85 días han patrullado día y noche para proteger a los delfines y calderones en aguas de las islas Feroe. Si Dinamarca aprueba y permite que la marina danesa proteja a estos asesinos, entonces no tiene nada que hacer en una Unión Europea antiballenera,” decía el Capitán Paul Watson, fundador de Sea Shepherd.
"El lado positivo de este enfrentamiento es que ahora tenemos la prueba para implicar al gobierno danés y Sea Shepherd usará esta prueba en el Parlamento Europeo para exigir que se tomen medidas contra Dinamarca por colaborar en una matanza ilegal de cetáceos. Ningún miembro de la Unión Europea puede estar implicado en la caza de cetáceos y, aunque no son miembro de la Unión Europea, los feroeses reciben enormes subsidios de la Unión Europea a través de Dinamarca.” Agrego Paul Watson.
Finalmente los 14 tripulantes de Sea Shepherd han sido puestos en libertad el domingo31/08 por la tarde. Los seis voluntarios del equipo de tierra deberán presentarse a juicio hoy lunes. A los ocho tripulantes del equipo de los barcos se les ha dicho que deberán presentarse ante los tribunales el 25 de septiembre, de forma que esto permite a la policía retener las tres lanchas rápidas hasta finales de septiembre porque son una "prueba” para el juicio
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Posted: 03 Sep 2014 04:50 AM PDT


Los pequeños estados insulares en desarrollo intentan sobrevivir al cambio climático

Fecha de Publicación
: 03/09/2014
Fuente: Ambientum
País/Región: Internacional


Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) están especialmente expuestos a los efectos del cambio climático, afectando a todos los sectores económicos.
A pesar de que sólo son responsables de menos del 1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del calentamiento global, prácticamente  todos los sectores económicos de estos países se ven afectados, es el caso del turismo, agricultura, sector pesquero, abastecimiento de agua, saneamiento y ecosistemas naturales.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acaba de publicar su informe de Perspectivas para el Medio Ambiente de los PEID, en el que analiza cómo estos territorios pueden prepararse ante los problemas medioambientales derivados del cambio climático. La clave para ello, recoge el documento, está en un planeamiento y una acción climática innovadores.
Estas estrategias pasan por el establecimiento de acuerdos de colaboración sólidos y duraderos, algo en lo que los PEID están demostrando un claro liderazgo. Es el caso de la iniciativa SIDS DOCK encaminada a facilitar el desarrollo de las energías limpias y sostenibles gracias al financiamiento internacional, los mercados del carbono y el intercambio de tecnologías.
El informe del PNUMA subraya la importancia de una producción y uso sostenibles de la energía. En ese sentido, el documento recoge que muchos de estos estados están apostando por energías renovables como la solar, la eólica o la geotérmina a través de la Iniciativa de la ONU de Energía Sostenible para Todos. Es el caso, por ejemplo, del gobierno de Santa Lucía que para desarrollar este tipo de energías cuenta con asistencia de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Banco Mundial y el GEF.

Construyendo resiliencia
Otro aspecto fundamental para los PEID, señala el informe, es la gestión de riesgos de desastres. Así, es fundamental que las comunidades tengan las herramientas para adaptarse y protegerse de los efectos del cambio climático. En esta línea, los Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPAs, por sus siglas en inglés), bajo paraguas de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ofrecen a los países menos desarrollados, como es el caso de los PEID, la posibilidad de identificar y solucionar sus necesidades urgentes de adaptación.

Seychelles: escuelas que se adaptan al cambio climático
Un ejemplo de buenas prácticas es la experiencia puesta en marcha en escuelas de Seychelles que recuperan el agua de lluvia de los tejados. Se trata de una práctica sencilla que les ahorra 250 $ al mes. Esta experiencia sirve además para educar a los niños sobre los impactos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos. Por extensión, esta iniciativa sirve para concienciar a toda la comunidad donde se encuentran estas escuelas sobre la necesidad de una gestión inteligente del agua.
En definitiva, esta experiencia ha tenido tanto éxito que el Estado la ha incorporado a su estrategia nacional de cambio climático. En 2011, el proyecto fue seleccionado por la iniciativa Impulso para el Cambio de la CMNUCC.

Políticas de sostenibilidad en los PEID
El informe del PNUMA recomienda que para lograr una economía verde, diversificada y sostenible los responsables políticos de los PEID tienen que hacer políticas y planes de largo plazo. En este sentido, el reporte sugiere que se elaboren políticas en energía eficiente y se creen mecanismos para la reducción de riesgo de desastres como los sistemas de alerta temprana. El informe sugiere además que se pongan en marcha sistemas ecológicos de adaptación a problemas como el aumento del nivel del mar.
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Posted: 03 Sep 2014 04:49 AM PDT
HidroAysén impugnó revocación de permiso ambiental

Fecha de Publicación
: 03/09/2014
Fuente: Adital
País/Región: Chile


Dos meses después que un comité de ministros cancelara los permisos ambientales al controvertido proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que incluía la construcción de cinco represas en la Patagonia occidental, directivos de la empresa chilena Colbún anunciaron su decisión de continuar con la iniciativa.
Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, que controla un 49% del megaproyecto que desarrollará Endesa —empresa española de propiedad de la italiana Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL)— anunció este 17 de agosto que "reformulará aspectos del proyecto”.
Días antes, la empresa había impugnado la decisión del comité de ministros de invalidar una resolución parcial tomada en mayo del 2011 por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014) que daba luz verde al proyecto. HidroAysén presentó ante el Tribunal Ambiental de Santiago el primero de varios recursos con los cuales busca revertir lo obrado por las actuales autoridades.
Según el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, la resolución del comité de ministros que revocó el permiso ambiental a HidroAysén fue correcta. "Como Ministerio del Medio Ambiente nos asiste la convicción de que el camino elegido fue el correcto en la forma y en el fondo. Este es un proyecto que no se hace cargo de sus impactos ambientales”, dijo.
El proyecto, impulsado desde el 2007, tiene prevista la construcción de cinco represas en los ríos Pascua y Baker, con embalses que inundarían casi 6,000 Ha para generar 2,750 megavatios de energía eléctrica, equivalente a un 20% de la actual capacidad instalada de Chile. La inversión calculada en US$3.2 millardos incluía construir una línea de transmisión de 2,000 km desde la Patagonia hasta Melipilla, al sur Santiago, considerada la más larga del mundo.
El comité acogió por unanimidad los 35 reclamos contra el proyecto, presentados en su mayoría por comunidades y ecologistas, por su elevado impacto: inundación de delicados ecosistemas, incluyendo una parte del Parque Nacional San Rafael, y porque pondría en peligro la subsistencia de miles de agricultores y comunidades indígenas cuyas tierras desaparecerían bajo el água.

Intervenciones indebidas
Patricio Segura, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén y dirigente del Colegio de Periodistas, señaló a Noticias Aliadas que "a mediados de julio, el máximo representante de ENEL [Francesco Starace, de visita en Chile para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y el actual ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte], reconoció que este proyecto los chilenos no lo queríamos, y que bajo esas condiciones no estaban disponibles… Da la impresión que ahora lo que quiere hacer la gerencia chilena de HidroAysén es revertir esa visión política estratégica y en el fondo tratar de meter por la ventana el proyecto”.
Según el senador Guido Girardi, HidroAysén hizo lobby en la Dirección General de Aguas mediante un ex empleado de la empresa, que en el 2010 se desempeñaba en la repartición estatal. "Llegó a trabajar a esta institución un señor de nombre Carlos Chiappa, que era abogado de HidroAysén, y que tuvo rol en un conjunto de resoluciones que permitieron cambiar lo obrado el año 2008, ese es un cambio que obedeció a presiones, a intervenciones indebidas”, manifestó.
La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, envió al comité de ministros un informe elaborado en el 2002 que señalaba diversas ilegalidades desde su inicio en la tramitación y aprobación de HidroAysén y que nunca debió entrar siquiera al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para Miriam Chible, representante de Democracia Regional Patagónica, el reclamo de HidroAysén "no tiene mucho futuro por las contradicciones corporativas y por los derechos de agua”.
Por su parte, Peter Hartman, presidente del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), opina que "el gobierno está probablemente por cerrarles los derechos de agua, entonces con eso se acaba el proyecto. Si llegaran a ganar les quedaría un año por delante para hacer algo en construir, porque si no pierden la resolución ambiental aprobatoria, de mayo del 2011”.
HidroAysén recurrió a la Justicia en virtud de la Ley 20.600 del 2012, que crea los tribunales ambientales y que establece que estas instancias son competentes para "conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental”.
Según el alcalde de la comuna de Tortel, en la región Aysén, Bernardo López: "La plata no va a subsanar los problemas ambientales que pudiéramos tener. Sería pan para hoy, hambre para mañana. HidroAysén tiene que respetar a la población que ha venido a colonizar esta región y a buscar un mejor futuro. Por tanto, el proyecto tiene que ser rechazado”.
Tortel se emplaza en la desembocadura del río Baker, donde pretenden instalar dos megarepresas. Se estima que en el período pico de la construcción, habrá entre 5,000 y 7,000 trabajadores, en una provincia que hoy cuenta con 4,000 habitantes. Para la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, "mientras los derechos del agua estén en manos de grandes corporaciones se mantendrá vigente la amenaza sobre las cuencas y comunidades locales”.
La investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, Gloria Baigorrotegui, advierte al informativo virtual de la Universidad de Santiago, U de Santiago al Día, que los cuestionamientos a la transparencia en los procesos de certificación del proyecto dan cuenta de las tensiones al interior de la institucionalidad: "Se están haciendo visibles las tensiones de la política energética, que no tiene en cuenta el territorio. Se necesita más energía, la pregunta es cómo generarla”.
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Posted: 03 Sep 2014 04:48 AM PDT


Halliburton acuerda el pago de 1.100 millones de dólares por el vertido en el Golfo de México

Fecha de Publicación
: 03/09/2014
Fuente: Yahoo Noticias
País/Región: Estados Unidos


La compañía estadounidense Halliburton, contratista del pozo operado por BP responsable del vertido de crudo de 2010 en el Golfo de México, anunció hoy el pago de 1.100 millones de dólares para resolver los cargos por funcionamiento defectuoso.
Halliburton, con sede en Houston, fue la encargada de realizar la cimentación del pozo Deepwater Horizon, cuya explosión provocó la muerte de once trabajadores y causó el derrame de más de cuatro millones de barriles de petróleo.
Estos 1.100 millones de dólares servirán para pagar a los residentes, gobiernos y la industria pesquera local.
Este acuerdo, anunciado hoy por las partes implicadas, se produce a la espera del fallo definitivo por parte del juez federal del distrito de Nueva Orleans (Luisiana), Carl Barbier, sobre la responsabilidad en el mayor vertido de petróleo de la historia de EEUU de las tres empresas implicadas.
Estas son Transocean, la propietaria de la plataforma Deepwater Horizon; Halliburton, que efectuó la cubierta de cemento que protegía el pozo, y British Petroleum (BP), que explotaba el pozo.
Los analistas apuntan que de este modo Halliburton busca limitar su responsabilidad al acceder al pago de estas sanciones.
"Halliburton ha dado un paso al frente y acordado ofrecer una medida justa de compensación a la gente y negocios dañados tras la tragedia del Deepwater Horizon", comentaron Stephen J. Herman y James P. Roy, abogados de los querellantes.
La Justicia estadounidense ya ha cerrado su batalla legal en los tribunales contra BP, que en enero de 2013 se declaró culpable de 14 cargos penales, incluida la muerte de once de sus empleados.
El acuerdo de hoy, que debe ser aprobado por el tribunal del distrito este de Luisiana, forma parte de la causa civil contra BP, Halliburton y Transocean que comenzó en febrero de 2013 en un tribunal federal de Luisiana.
Transocean aceptó el pasado año el pago de 1.400 millones de dólares.
En esa causa, el Departamento de Justicia podría llegar a exigir hasta 17.000 millones de dólares en daños civiles a la petrolera BP, en caso de que se determine que fue "extremadamente incompetente" en su gestión del pozo.
BP ha pagado ya en total 28.000 millones de dólares en gastos de limpieza y compensación a las víctimas.
El juicio para determinar la responsabilidad y el monto financiero está previsto para el comienzo de 2015.
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Posted: 03 Sep 2014 04:41 AM PDT
Guatemala: Por la presión de los movimientos sociales, Justicia suspende, temporalmente, parte de la ‘Ley Monsanto’

Fecha de Publicación
: 03/09/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
País/Región: Guatemala


La presión ejercida por los movimientos sociales en contra de la polémica Ley de Protección de Obtenciones Vegetales viene generando efectos positivos. Después que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) presentó una acción de inconstitucionalidad general total contra la norma, la Corte de Constitucionalidad suspendió la llamada "Ley Monsanto”, que iba a entrar en vigencia el próximo 26 de septiembre.
La Corte se pronunció, específicamente, sobre los artículos 46 y 55, que entraron en vigencia el mismo día de la publicación de la ley y determinó la suspensión temporal de los mismos por considerar que ambos podrán acarrear graves impactos sobre la población y el país. Como los artículos del 1º al 45 y del 47 al 54 todavía no son parte del ordenamiento jurídico vigente, no fueron considerados.
El MSICG considera la suspensión provisoria de los artículos como un paso importante, "puesto que elimina los obstáculos puestos por el partido oficial a la derogación de la misma por el Congreso de la República y allana el camino para que éste, en su próxima sesión, rectifique su accionar y legisle de conformidad con la voluntad de las guatemaltecas y guatemaltecos que exigimos la derogación total de la citada Ley”.
El Movimiento Sindical evalúa que lo ideal sería que la Corte de Constitucionalidad hubiera procedido a la suspensión total de la ley, ya que como máximo tribunal constitucional del país, tiene ese poder. Sin embargo, aún convencidos de que el impacto de esta primera decisión ya puede ser considerado bastante positivo, el MSICG anuncia que, si la ley no es anulada por el Congreso, procederá de la misma forma, con una nueva acción de inconstitucionalidad para expulsar a todos los demás artículos del ordenamiento jurídico.

Contexto
El 25 de agosto de 2014, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco presentó ante a la Corte de Constitucionalidad una acción contra el Decreto 19-2014, del Congreso de la República, que aprueba la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. La medida fue tomada con carácter de urgencia, pues la Ley estaba prevista para entrar en vigencia en forma completa el 26 de septiembre.
La llamada "Ley Monsanto” establece y ampara la propiedad intelectual de las variedades vegetales nuevas del país. Esto implica que cualquier variedad vegetal genéticamente modificada por selección artificial, cruzamiento o alteración genética podrá ser patentada y la vigencia del derecho del autor tendrá duración de hasta 25 años. Así, quien produzca o reproduzca, sin autorización previa, material protegido podrá ser castigado con uno a cuatro años de prisión y multa de 130 a 1.300 dólares.
Para buena parte de la población guatemalteca, la Ley es sinónimo de pobreza y riesgo para la seguridad alimentaria, pues miles de familias, que viven de la productividad agrícola, tendrían sus actividades limitadas. Existe el temor de que las familias campesinas sean perseguidas o castigadas penalmente por el cultivo de maíz y poroto, principales alimentos de la dieta de la población guatemalteca.
Otra preocupación señalada por el Movimiento guatemalteco es que la Ley abre la puerta para la entrada en masa de semillas transgénicas, que serán más accesibles para los campesinos. El cultivo en gran escala de este tipo de semilla podrá contaminar la producción nacional y extinguir las especies nativas. A partir de aquí, es posible vincular los dos puntos y entender el interés de la compañía Monsanto, multinacional con sede en Estados Unidos, que lidera la producción de semillas transgénicas y del herbicida glifosato, vendido bajo la marca Roundup.
La aprobación de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Guatemala al firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos.