Los grupos ecologistas lamentamos las renuncias a la vía penal que están haciendo los Gobiernos y las entidades contra EDP-HC por delito ambiental contra los vertidos de fuel de junio de 2012.
Hay que recordar que el Gobierno de Asturias nunca se había personado en la causa penal que se instruye en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón para ejercer la acusación por el delito de vertido de fuel imputado a la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico ocurrido en la Central Térmica de Aboño en junio de 2012
Por su parte, el Gobierno de Cantabria, que si se había personado en la causal penal, a presentado escrito remitido al juzgado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, renuncia a la vía penal tras declarar haber recibido la cantidad de 58.347,25 euros de la referida compañía Hidroeléctrica del Cantábrico en concepto de indemnización por los costes de los trabajos de limpieza del fuel vertido, que llegó a afectar al litoral de Cantabria, ha renunciado también a ejercer la acusación por el delito medioambiental.
También la Cofradía “Nuestra Señora del Rosario” de Candas, que en su día se había personado en la causa penal. Remiten escrito en fecha 31 de octubre de 2013 a dicho Juzgado declarando haber sido indemnizada por los daños y perjuicios que le ocasionó la imputada, se ha apartado de la acusación, renunciando a ejercitar la misma por el delito ambiental. Lo mismo han hecho algunos particulares afectados en sus bienes por el vertido.
Y en lo que incumbe al Gobierno del Principado de Asturias, al igual que hizo en la causa del Prestige y que le ha impedido ahora formalizar recurso alguno frente a la polémica sentencia, tampoco se ha personado en la causa penal para el ejercicio de la acción punitiva en este caso del vertido de térmica de Aboño, quedando su actuación reducida a incoar un expediente sancionador a través de la Consejería de Fomento frente a Hidroeléctrica del Cantábrico por el referido vertido de fuel a la ría de Aboño, en el que propone que se indemnice a esta región con la cantidad de 15.484 euros, cantidad que resulta exigua en comparación con la gravedad del daño ocasionado al patrimonio natural asturiano y con la abonada al Gobierno de Cantabria, y denota a las claras que el Gobierno del Principado está dispuesta a dejar que hechos como el denunciado y los que puedan resultar aún más graves, como el vertido del Prestige, se repitan, pues su supuesto interés en exigir responsabilidad penal ha quedado categóricamente desmentido.
Se ha de recordar que el vertido perpetrado el día 26 de junio de 2012 afectó a más de 118.000 metros cuadrados de zonas de baño donde fue necesario prohibir su uso para tal fin, a 86.000 metros cuadrados de costas rocosas, escolleras y plataformas intermareales y a más de 13.000 metros cuadrados de playa. Según informe oficial, el fuel recogido en las aguas del mar proveniente del vertido denunciado fue sometido a un estudio de biodegradabilidad, lixiviación y toxicidad, arrojando el alarmante resultando de estar compuesto en un 11,1 por ciento de asfaltenos, a los que califica como “compuestos muy pesados y persistentes, no biodegradables”. A esta información se ha de añadir la suministrada por la Demarcación de Costas, que en sendos informes relata a medio de la Capitanía Marítima de Gijón que las manchas detectadas en alta mar eran de fuel demasiado fluido para poder ser recogido, declarando que, en la mayoría de los casos, “solo pudieron hacer maniobras de dispersión mecánica con las hélices de las embarcaciones”, lo que sugiere que la toxicidad permanece en el mar en estado disperso afectando a los recursos naturales y a la salud de las personas.
El vertido llegó a amenazar a la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, así como al emisario de la toma de agua de mar del Acuario de Gijón, que hubo de ser sellado. Por parte del Servicio de Ordenación Pesquera se informó además que el fuel tóxico afectó a los recursos marisqueros y al izado de aparejos de pesca desde embarcación, creando serio riesgo para los campos de ocle de la zona, concretando en 567,33 las hectáreas dañadas en la capa correspondiente a calados de pesca.
Es clamorosa la necesidad de que se actúe penalmente, pues mientras la persecución del delito sea un interés secundario o no lo sea en absoluto para los Gobiernos y las empresas, dando prioridad a los códigos políticos y a los intereses económicos frente a la protección del medio natural, el derecho penal no podrá cumplir con el fin de la prevención general del delito de vertido y la imputada extraerá una lectura muy simple del resultado de su actuación: que podrá volver a contaminar cuantas veces le plazca.
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente- ULEX
Colectivo Ecologista de Avilés
Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Asociación para la Conservación y estudio del lobo - ASCEL
Grupu Ornitoloxia Mavea d'Avilés
Ixuxu
Asociación Verdes Asturianos
Para más información; 679574236 (la letrada Laura López Varona) y 629892624 (Fruti)
