Nuevo revés del Tribunal Europeo al carbón, que insiste en devolver las ayudas
ICAL / Valladolid - sábado, 11 de enero de 201El Tribunal General de Justicia Europeo ha inadmitido el recurso interpuesto por los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón contra el reglamento del Consejo Europeo sobre ayudas públicas al carbón, que obliga a las explotaciones mineras que quieran seguir con su actividad más allá de 2018 a devolver las ayudas recibidas.
A pesar del fallo, los tres gobiernos autonómicos instan al Gobierno central a defender al sector, tal y como se comprometió, según informó en un comunicado hoy la Consejería de Economía y Empleo de la Junta.
Castilla y León, Aragón y Asturias mantendrán sus posiciones de defensa de la actividad extractiva del carbón en aquellas empresas mineras que sean competitivas en 2018 y están estudiando la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal General de Justicia Europeo en el que este órgano inadmite el recurso conjunto que interpusieron en 2011 las tres comunidades autónomas, contra la reglamentación del Consejo Europeo de ayudas públicas al carbón establecida en diciembre de 2010 (2010/787/UE), relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
El motivo que fundamentó el recurso de los tres gobiernos en 2011 fue considerar que las ayudas que otorguen los estados han de estar vinculadas a la competitividad de las explotaciones y no únicamente a su cierre. La Decisión del Consejo Europeo recurrida podría ocasionar precisamente que más allá de 2018 las minas hayan de cerrar incluso siendo competitivas y viables sin ayudas públicas.
Nulidad parcial. Las tres comunidades solicitaron al Tribunal General de Justicia Europeo que declarase la nulidad parcial de la norma, concretamente la de las disposiciones relativas a la obligación de que las minas devuelvan las ayudas si no cierran en 2018 y las que vinculan la recepción de ayudas al cierre de la actividad minera. En este sentido, desde la Junta se destaca que «tras valorarlo y en un ejercicio de responsabilidad, no se pidió la nulidad total de la norma para no dejar sin amparo legal las ayudas del Estado que reciben las distintas unidades de producción minera».
Para la Junta, el Tribunal inadmite ahora este recurso sin entrar a valorar el fondo de la cuestión y argumentando básicamente que las disposiciones recurridas y cuya anulación se pide son esenciales en la norma 2010/787/UE, de modo que su eliminación la alteraría completamente y supondría en la práctica sustituirla por una Decisión diferente.
El Gobierno de España y las comunidades de Castilla y León, Asturias y Aragón buscarán el apoyo de países con actividad minera para intentar modificar el reglamento de la Comisión Europea para las ayudas públicas al sector del carbón, que las vincula al cierre de las explotaciones y establece la obligación de devolverlas en caso de que las empresas continúen con la actividad extractiva a partir del 31 de diciembre de 2018. Esta vía política de contactos en las instituciones comunitarias arrancará tras las elecciones europeas del 25 de mayo.
Los consejeros con competencias en materia minera de Castilla y León, Asturias y Aragón mantendrán en breve una reunión para estudiar la estrategia política que pondrán en marcha para que la nueva Comisión dé marcha atrás y permita a las compañías mineras competitivas continuar con su actividad el 1 de enero de 2019. También, abordarán los pasos a seguir en la vía jurídica, después de que el Tribunal General de Justicia Europeo haya inadmitido el recurso interpuesto en 2011 por los tres gobiernos autonómicos.
Asimismo, el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, explicó hoy que disponen de un plazo de dos meses para decidir si presentan un nuevo recurso de casación contra el auto del Tribunal Europeo, que lo desestimó ya que pedía la anulación de los artículos referidos a la devolución de las ayudas, lo que para este órgano su eliminación alteraría completamente la directiva comunitaria, que la Comisión aprobó en 2010, para el marco de ayudas de 2011 a 2018
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