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domingo, 29 de marzo de 2015

Grupos conservacionistas en el comité del lobo critican duramente al Gobierno de Asturias

El mismo día que el Principado de Asturias anuncia la aprobación del nuevo plan de gestión del lobo aparece también en la prensa asturiana la imagen de un lobo ejecutado y colgado en la orilla de una carretera del concejo de Lena. Quizá sea un mensaje para celebrar la aprobación del plan de gestión, pero desde luego es un mensaje para recordar cómo se trata a la fauna en Asturias, y que el nuevo plan no hace sino empeorar la situación.

Tanto la aprobación del plan como la imagen de Lena son un síntoma del esperpento en que se ha convertido la gestión de la fauna en Asturias, y de la consideración que algunos ciudadanos tienen de ella.

El Principado ha aprobado finalmente un documento que pasará a la historia de la normativa de gestión y conservación de la naturaleza en nuestro país: ha despreciado los mínimos de respeto y compostura en cuanto a información, transparencia y trato, particularmente a los representantes de los grupos conservacionistas; permitirá a los cazadores matar lobos sin que la especie sea cinegética; mantiene las áreas libres de lobos; y sigue manteniendo los controles de población aún cuando no existen criterios técnicos que los avalen, ni por supuesto científicos o éticos.

Por un lado, los cazadores en Asturias desarrollan una actividad de ocio, por definición, y no están habilitados profesionalmente a hacer controles de población. No tienen cobertura legal para desarrollar otras actividades no contempladas en la Ley de Caza, y en la licencia adquirida. Y matar lobos en Asturias no lo está. Podrán matar ejemplares, pero lo harán al azar, sin saber si esos lobos abatidos han estado involucrados en episodios de predación sobre ganado. Todo muy profesional.

Por otro lado y al mantener la administración asturiana las zonas de exclusión, los lobos no habitan ni se les espera en un tercio del territorio; sin embargo ese tercio del territorio también es receptor de las ayudas agro-ambientales de la Unión Europea; ayudas que no llegan como un cheque en blanco, sino que implican como su nombre indica contrapartidas ambientales.

Para que las normativas sean lo más  justas posibles han de estar motivadas, y han de ser comprensibles para los ciudadanos. La norma recién aprobada no está motivada por argumentos técnicos ni científicos, y no es ética. No será además social si no resuelve el dilema entre subvenciones – pagadas por todos - y compensaciones – cobradas por pocos - por predación sobre ganado, actualmente favoreciendo la falta de profesionalidad y la picaresca.

En definitiva, el documento avalado y aprobado ayer por el Consejo de Gobierno es una norma con tantas perversiones que parece más un caso de ficción que una realidad que pretende facilitar la convivencia entre ciudadanos y el respeto por la naturaleza.

Alberto Fernandez Vocal de las entidades conservacionistas representadas en el comité consultivo del plan de gestión del lobo en Asturias
Tfno 628096447